En 1973, el diplomático coruñés Luis Mariñas Otero (1928-1988) –uno de los escasos autores españoles que ha estudiado este tema– nos puso en antecedentes sobre el origen de esta Comisión: (…) A la llegada de los europeos las potencias coloniales, al igual que con los grandes ríos americanos, pensaron utilizarlo fundamentalmente para la navegación, como vía de penetración hacia China, aunque los desniveles de su cauce, dado que sus fuentes están situadas.en el techo del mundo, hacían irrealizable tal proyecto. El inicio, modesto, pero inicio al fin, de su aprovechamiento se debe a los franceses, al establecerse en Indochina: se construyó el puerto Pnom Penh, se establecieron observatorios para medir el caudal del río y se reanudó en modestas proporciones el aprovechamiento, para el regadío en el curso inferior. El primer acuerdo internacional sobre el Mekong se firmó en 1926 entre Thailandia y Francia, a quien pertenecía en aquella época Indochina, estableciendo la libertad de navegación en el río. En 1949, Camboya, Francia, Laos y Vietnam firmaron un convenio de navegación, como consecuencia del cual se creó un Comité provisional, base de una futura Comisión consultiva; reiterado en 1954 por un nuevo acuerdo firmado en París por representantes de Camboya, Laos y Vietnam del Sur, convenidos ya en países independientes (…). Sin embargo, la agitación política de los años subsiguientes hizo que el Comité no funcionase y que la coordinación entre los tres países fuese puramente nominal, mientras que la reanudación de la guerra convirtió en letra muerta en no pocas ocasiones la libertad de navegación establecida en los acuerdos [1].
El 17 de septiembre de 1957, bajo los auspicios de Naciones Unidas, Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam establecieron el Committee for Coordination of Investigations on the Lower Mekong River Basin [Comité para la Coordinación de Investigaciones sobre la Cuenca Baja del Río Mekong] con el objetivo de desarrollar todo el potencial económico que ofrecía el cauce fluvial para obtener energía hidroeléctrica, controlar las inundaciones y mejorar los sistemas de riego; pero, en los años 70, la inestabilidad política camboyana forzó su abandono dejando el Comité con tan solo tres naciones.
La situación cambió en la década de los 90 cuando, de nuevo, aquellos cuatro países ribereños firmaron el Agreement on Cooperation for Sustainable Development of the Mekong River Basin, en Chiang Rai (Tailandia), el 5 de abril de 1995; el Art. 11 de aquel Acuerdo del Mekong [en inglés, “1995 Mekong Agreement”] creó la Mekong River Commission (MRC) y sus tres órganos institucionales: un Consejo integrado por ministros (Arts. 15 a 20), un Comité Conjunto para implementar sus decisiones (Arts. 21 a 27) y una Secretaría que les presta ayuda técnica y administrativa (Arts. 28 a 33), con sede en Vientiane (Laos). A continuación, el Art. 35 contempla que las controversias que surjan entre los Estados parte y que no puedan ser resueltas por la propia MRC se solucionarán acudiendo a la vía diplomática mediante la negociación entre sus gobiernos.
El Art. 9 del Acuerdo es el que establece la libertad de navegación: Sobre la base de la igualdad de derechos, se otorgará la libertad de navegación a lo largo de la corriente principal del río Mekong sin tener en cuenta los límites territoriales, para el transporte y la comunicación para promover la cooperación regional e implementar satisfactoriamente los proyectos bajo este Acuerdo. El río Mekong se mantendrá libre de obstrucciones, medidas, conductas y acciones que directa o indirectamente puedan perjudicar la navegabilidad, interferir con este derecho o dificultarla permanentemente. (…) Los ribereños pueden dictar reglamentos para las porciones del río Mekong dentro de sus territorios, particularmente en materia sanitaria, aduanera y de inmigración, policía y seguridad en general.
Citas: [1] MARIÑAS OTERO, L. “El plan de desarrollo del río Mekong•. En: Revista de Política Internacional, 1973, nº 127, pp. 50 y 51. [2] CARDENAL; J. P. & ARAÚJO, H. La silenciosa conquista china. Barcelona: Crítica, 2011, pp. 234 y 235.
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