La «Carta Echeverría» [Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados]

Según la investigadora mexicana Blanca Torres: La política exterior del gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) en gran medida se caracterizó por un renovado activismo y creciente alcance geográfico, con intensos esfuerzos de diversificación de las relaciones internacionales de México y mayor participación en varios organismos internacionales. Buscó aprovechar las condiciones favorables en el ámbito internacional, con el objetivo de ampliar sus márgenes de autonomía respecto a Estados Unidos, lo mismo que resolver problemas económicos y políticos inmediatos. Sin embargo, de manera paralela, intentó no descuidar la relación con este país, a la que se le siguió dando primacía por los intensos vínculos de distinta índole entre los dos vecinos. A lo largo del sexenio, el gobierno de Echeverría trató de evitar que su actividad multilateral, en la que mantuvo posiciones distintas o francamente opuestas a las estadounidenses en varios temas, incidiera negativamente en esas relaciones bilaterales. Sin embargo, este esfuerzo tuvo resultados decrecientes conforme se radicalizaron el discurso y las posiciones mexicanas en aquellas organizaciones [1].

En ese contexto, la mayor contribución de este presidente –el abogado, diplomático y político Luis Echeverría Álvarez [Ciudad de México, 1922-Cuernavaca, 2022]– fue la propuesta para que se elaborase una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (CDDEE) que defendió el III periodo de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), celebrada en Santiago de Chile, del 13 de abril al 21 de mayo de 1972, con la que México intentó de nuevo incidir en la modificación del funcionamiento de la gobernanza económica global, no únicamente con propósitos de mediano o largo plazo, sino también inmediatos: mejorar las condiciones internacionales que en esos momentos obstaculizaban la continuación del crecimiento económico sostenido que se había logrado en decenios previos (…). Mencionó los principios que ésta [la CDDEE] debía incluir, entre ellos el derecho de cada país a adoptar la estructura económica que considerara conveniente y de regular la empresa privada, la abstención del uso de presiones económicas sobre los Estados, la supeditación de las inversiones extranjeras a las leyes nacionales, la prohibición a las empresas transnacionales de intervenir en los asuntos internos del país receptor, la abolición de las prácticas discriminatorias a las exportaciones de los países en desarrollo, la adopción de acuerdos que garantizaran la estabilidad y el precio justo de los productos básicos, la transferencia de los avances en ciencia y tecnología de los países avanzados al mundo en desarrollo a precios accesibles y el financiamiento del desarrollo con créditos a largo plazo, bajos tipos de interés y sin ataduras [1].

Salvador Pruneda
Retrato de Luis Echeverría (s. XX)

La UNCTAD estableció un Grupo de Trabajo encargado de elaborar el texto del proyecto de Carta que se llevó a cabo en los dos años posteriores; tiempo en el que se encontró con las reticencias de otros gobiernos –en especial, los EE.UU.– y los informes, consultas, observaciones y sugerencias de otras naciones hasta que la iniciativa de la CDDEE se refundó en treinta y cuatro artículos y el texto final acabó siendo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la A/RES/3281 (XXIX), de 12 de diciembre de 1974, por 115 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones; con el objetivo de promover el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. La Carta proclama los principios fundamentales de las relaciones económicas internacionales, declara el derecho de cada Estado a elegir su sistema económico y su soberanía permanente sobre su riqueza, recursos naturales y actividades económicas, al tiempo que establece obligaciones como la promoción del desarrollo de sus pueblos, la cooperación internacional y el trato preferencial a los países en desarrollo [2].

Para concluir, en los años 70, el académico mexicano Víctor Luis Urquidi destacó que: (…) Si bien la Carta omite mencionar ciertos temas importantes –por ejemplo, población, energía, alimentos– y da pocas evidencias concretas de preocupación por los problemas de largo plazo de supervivencia de la humanidad y de las interrelaciones globales, puede decirse que constituye un marco amplio cuasi legal que sirve para orientar, mediante la cooperación y la acción concenada, las políticas de todos los miembros de las Naciones Unidas hacia objetivos específicos. Estos objetivos son vitales en el sentido de que representan las aspiraciones de un gran número de países de la comunidad mundial que han encontrado que el orden internacional existente es insatisfactorio e injusto [3].

Citas: [1] TORRES, B. “La política exterior de México durante el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976): el renovado activismo global”. En: Foro Internacional, 2022, nº 4, cuad. 250, pp. 677, 681 y 718. [2] DPEJ (*). [3] URQUIDI, V. L. “La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. La cuestión de su aplicación”. En: Ponencia inédita presentada en la Reunión Especial del Club de Roma en Guanajuato (México), 23 a 27 de julio de 1975.