Medioambiente (XLI): ¿cuál fue la primera policía medioambiental?

Al distribuir las competencias entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil –los dos institutos armados que, en España, integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado– el Art. 12.1.B.e) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, atribuyó a la benemérita la función de: Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza. Como consecuencia, dos años más tarde, la Orden General del Cuerpo nº 72, de 21 de junio de 1988, creó el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA); como respuesta especializada de la Guardia Civil al mandato constitucional [se refiere al Art. 45 de la Constitución Española de 1978] de garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado así como el deber de conservarlo, en palabras del Ministerio del Interior español (*).

Sobre la misión del SEPRONA, el fundamento jurídico cuarto de la Resolución 735/2019, de 15 de enero de 2020, del CTBG (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; el organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública) especifica que: La misión del SEPRONA es velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y al medio ambiente, de los recursos hídricos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y cualquier otra relacionada con la naturaleza. De este modo se encarga de la protección de suelo, agua y atmósfera, de la sanidad animal y de la conservación de especies de flora y fauna. El Servicio lucha además contra vertidos y contaminación del medio ambiente, el comercio ilegal de especies protegidas, actividades cinegéticas y de pesca irregulares, defensa de los espacios naturales, la prevención, investigación y extinción de incendios.

Asimismo, la OCDE, al analizar los resultados medioambientales en España, con datos de 2015, se refiere al SEPRONA en los siguientes términos, aportando numerosos datos estadísticos: (…) Sus objetivos principales son la vigilancia, el cumplimiento y la ejecución de las disposiciones nacionales relativas a la conservación de lanaturaleza, incluyendo el comercio ilegal de especies protegidas, los vertidos ilegales de contaminantes a los cursos de agua y suelos, la tala ilegal, los incendios provocados, la caza furtiva y el bienestar animal. El SEPRONA también interviene en la investigación de los casos de manejo, tratamiento y vertidos ilegales, de sustancias y residuos peligrosos. El SEPRONA, con sus 1.700 agentes, trata entre 115.000-160.000 asuntos cada año, incluyendo infracciones administrativas y penales (…). El mayor número de quejas está relacionado con los incumplimientos de la legislación sobre vida silvestre (50.000 quejas se refieren a animales silvestres), así como la gestión inadecuada de residuos. Alrededor de la mitad de los delitos penales están relacionados con los incendios provocados. Entre 300 y 1.000 personas son detenidas cada año por delitos penales contra la normativa medioambiental. Aunque las intervenciones del SEPRONA en respuesta a quejas disminuyeron durante la crisis económica, han vuelto a aumentar de nuevo a partir de 2010. Los ciudadanos desempeñan un papel importante en la detección de infracciones medioambientales, informando de las mismas por teléfono o por correo electrónico. 

Con esas funciones, esta unidad de medio ambiente de la Guardia Civil española presume de ser la primera policía ambiental (aunque el Ministerio del Interior se muestra más cauto y se limita a considerarla una de las primeras policías medioambientales del mundo).

Lo cierto es que, en EE.UU., la Massachusetts Environmental Police (MEP) que protege el medioambiente y los recursos naturales en la Commonwealth de Massachusetts se creó en 1985 –tres años antes que el SEPRONA; aunque sin carácter nacional sino estatal– al fusionarse dos unidades (la Division of Law Enforcement y la Division of Marine and Recreational Vehicles) pasando a depender del Department of Fisheries, Wildlife, and Environmental Law Enforcement.

La historia de la MEP es el resultado del tradicional compromiso de este  estado norteamericano con la protección de la naturaleza que se remonta a la época en que fue una de las colonias británicas de la Costa Este; por ejemplo, en 1636, Massachusetts aprobó una ley que prohibía emplear armas de fuego o trampas de hierro cerca de las carreteras y, en 1668, otra norma ya impidió pescar bacalao o abadejo durate los meses de diciembre y enero para facilitar el desove de los peces y asegurar la supervivencia de la especie.