El primer caso que resolvió la «Corte Africana» (AfCHPR)

Aunque la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/32/127, de 16 de diciembre de 1977, sobre Arreglos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos, hizo un llamamiento a los Estados para establecer mecanismos regionales adecuados para la promoción y protección de los derechos humanos, solo Europa, América y África disponen de sistemas judiciales específicos en sus respectivos continentes. Como en otros dos in albis anteriores ya hemos tenido ocasión de conocer el caso Lawless contra Irlanda, que fue el primer asunto que resolvió la Corte de Estrasburgo, el 1 de julio de 1961; y el Velásquez Rodríguez contra Honduras, de 26 de junio de 1987, que fue el primer pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José (Costa Rica); hoy cerramos ese tercer vértice judicial hablando del primer proceso que resolvió la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.

La Organización para la Unidad Africana creó la AfCHPR –por las siglas en inglés de African Court on Human and Peoples' Rights– el 10 de junio de 1998, mediante el Protocolo de Uagadugú (Burkina Faso) que entró en vigor el 25 de enero de 2004 cuando este acuerdo internacional fue ratificado por 15 países (actualmente, ya son 26 de los 54 Estados africanos: Argelia, Burkina Faso, Burundi, Costa de Marfil, Comores, Congo, Gabón, Gambia, Ghana, Kenia, Libia, Lesoto, Malí, Malaui, Mozambique, Mauritania, Mauricio, Nigeria, Níger, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Túnez y Uganda). El tribunal, integrado por once magistrados elegidos entre juristas nacionales de los Estados miembros de la Unión Africana, comenzó a funcionar en Adís Abeba (Etiopía), en noviembre de 2006, pero un año después -en agosto de 2007- se trasladó a su sede definitiva en Arusha (Tanzania).

La primera sentencia fue la demanda 01/2008, en el caso Michelot Yogogombaye contra la República de Senegal, de 15 de diciembre de 2009. El Sr. Yogogombaye, natural del Chad pero residente en Suiza, solicitó la suspensión de los procedimientos en vigor iniciados por Senegal para procesar, juzgar y condenar al antiguo Jefe del Estado chadiano, Hissein Habré, que se encontraba asilado en Dakar. Según el demandante, desde el año 2000 este ex presidente era considerado sospechoso por su complicidad en crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y actos de tortura en el ejercicio de sus tareas como Jefe del Estado, una alegación basada en las quejas de presuntas víctimas originarias del Chad. El Tribunal examinó las circunstancias del caso y concluyó que, de acuerdo con el Art. 34.6º del Protocolo de Uagadugú, carecía de jurisdicción para conocer el asunto por lo que no era necesario examinar la cuestión de la admisibilidad de la demanda. Desde entonces, la AfCHPR ha resuelto otra docena de asuntos.

El 1 de julio de 2008, la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, que se celebró en la localidad egipcia de Sharm el-Sheij, decidió que la AfCHPR se fusionara con la prevista (Art. 18 del Tratado Constitutivo de la Unión Africana) pero inexistente Corte de Justicia de la Unión Africana [Court of Justice of the African Union], a pesar de que este órgano judicial llegó a tener un Protocolo que se aprobó en Maputo (Mozambique), el 11 de julio de 2003, con jurisdicción tanto contenciosa como consultiva y que entró en vigor en 2009.

Posteriormente, el 27 de junio de 2014 se aprobó el denominado "Protocolo de Malabo" (Guinea Ecuatorial) para enmendar el anterior de 2008; abrir su jurisdicción al orden penal para juzgar delitos internacionales (Art. 3) como el genocidio, la piratería, el terrorismo o los crímenes de guerra, y brindarle una nueva denominación a la Corte: Tribunal Africano de Justicia y Derechos Humanos y de los Pueblos. Sin duda, su aspecto más polémico ha sido la redacción del nuevo Art. 46A.bis que establece la inmunidad de los Jefes de Estado y de Gobierno para ser juzgados por el renombrado TAJDHP. De todos modos, este protocolo entrará en vigor cuando lo hayan ratificado 15 de los 55 Estados parte y, en febrero de 2018, aún no había logrado ninguna.