En una organización internacional es habitual que, junto a los Estados miembros de pleno derecho, también puedan coexistir otras formas de participación que no conlleven la membresía sino un vínculo restringido que recibe diversas denominaciones; por ejemplo, en la OSCE nos encontramos con “Estados participantes” y “socios para la cooperación” y en la Unión Europea, las autoridades de Bruselas pueden firmar “acuerdos de asociación” con naciones extracomunitarias para reforzar su relación con ellas pero sin que lleguen a adherirse como miembros. En ese marco también existe otra posibilidad: convertirse en un estado observador. Para el profesor Díez de Velasco: (…) algunas Organizaciones internacionales conceden a los representantes de ciertos Estados, [otras] Organizaciones internacionales, Movimientos de Liberación Nacional, territorios dependientes, etc., la posibilidad de participar en las reuniones y trabajos de sus instituciones o de algunas de éstas. En ocasiones el citado estatuto constituye la antesala de la adhesión plena de un Estado (…) [DÍEZ DE VELASCO, M. Las Organizaciones Internacionales. Madrid: Tecnos, 13ª ed., 2003, p. 96].
Una segunda definición la encontramos en el Diccionario del Español Jurídico donde se entiende por “observador”: En una organización internacional o en alguno de sus órganos, dicho de un Estado u otro sujeto que cuenta con estatuto que le otorga derechos limitados, inferiores a los del miembro de pleno derecho, a menudo consistentes en la participación con voz, pero sin voto, en sus reuniones. Esto ocurre, por ejemplo, con la Santa Sede y Palestina en el marco de las Naciones Unidas; Puerto Rico en la Organización Mundial de la Salud (OMS); las islas Feroe o Tokelau en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); la Unión Europea en la Organización de los Estados Americanos (OEA); Haití en la Unión Africana; Estados Unidos, Japón y México en el Consejo de Europa; o Arabia Saudí, Baréin, Bután, Catar, Indonesia, Kuwait, Rusia y San Marino en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En relación con la pregunta que nos formulábamos al comienzo, ¿España ha recibido el estatus de “Estado obrservador” en alguna organización internacional? Como la respuesta es afirmativa, veamos algunos supuestos agrupados por continentes:
- AMÉRICA: el 2 de febrero de 1972, España adquirió la condición de ser el primer "País Observador Permanente" ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); asimismo, también es “Observador Permanente” en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde 1980 y, dos años más tarde, de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Ya en este siglo, en 2005 firmó el Acuerdo para ser admitido como “Observador Extrarregional” en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); fue el primer “Estado Observador” europeo que participó en el proceso de integración regional de la Alianza del Pacífico que México, Colombia, Perú y Chile constituyeron en 2011; y ese mismo año, los Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina otorgaron al Reino de España la categoría de “Observador”: El otorgamiento de ese estatus, (…), faculta a España a participar con derecho a voz en las reuniones de las instancias comunitarias andinas y promover programas y acciones conjuntas.
- ÁFRICA: España es “Permanent Observer” de la Unión Africana (mediante la embajada española en Adís Abeba).
- EUROPA: en el Viejo Continente, España también disfruta de ese estatus en el Consejo Ártico, desde 2006, participando de forma regular en sus reuniones oficiales; y tres años más tarde, el Consejo de Estados del Mar Báltico aceptó a nuestro país como Estado Observador.
- OCEANÍA: desde 2014, es uno de los 18 “Dialogue Partners” del Foro de las Islas del Pacífico.
- MUNDIALES: en 2021, España ingresó como Estado Observador Asociado en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) creada el 17 de julio de 1996 (Galicia tuvo la iniciativa), cuando Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Portugal y Santo Tomé y Príncipe firmaron la Declaração Constitutiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, en Lisboa.
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